REFLEXIONES SOBRE EL DECRETO 1290 DE 2009

La nueva estrategia nacional de evaluación de aprendizajes de los escolares tiene su origen en la crisis que generó el Decreto 230 de 2002; crisis que estuvo asociada, fundamentalmente, con los criterios establecidos en la norma para aprobar y reprobar los diferentes grados de la educación básica y media (5% máximo de reprobación y 95% mínimo de promoción). De él se expresó durante seis años que fomentaba en los escolares la flojera, el facilismo, la alcahuetería, la irresponsabilidad, la coladera de “gente mala”, la “promoción automática” y la pérdida de autoridad del maestro, entre otros muchos calificativos. La consecuencia, se decía, es la “mala calidad de la educación, cuyos resultados se reflejan en la pruebas icfes”; “es que como ahora no se puede exigir…”.

Del nuevo Decreto (1290 de 2009) se dice hoy que generará anarquía institucional, regional y nacional, sin argumentación seria alguna, pero simultáneamente es visto como la oportunidad de redimir al escolar, al educador y a la educación, toda vez que: “ahora si se puede exigir”, “se pasa al que sabe”, “se pueden manejar escalas numéricas”, “estudian o se rajan”; “ahora si tenemos la sartén por el mango”. Al respecto, el profesor Luis Alberto Martínez (capacitador en el proyecto nacional Expediciones Botánicas Siglo XXI – José Celestino Mutis) en su participación en reuniones con educadores del Huila hace esta reflexión: “Hay mucha ortodoxia pedagógica que impide la lectura de lo que está pasando en educación. Se evidencia un nuevo tipo de sujeto, mediado por pautas de crianza diferentes a las nuestras; son diferentes en todas sus concepciones, por lo que las estrategias de aprendizajes deben ser diferentes y parece ser que los educadores no estamos preparados para eso; no hemos asumido el cambio de época, poco estamos haciendo para resolver en la escuela la crisis psicoafectiva de nuestros niños y adolescentes”.

En estas nuevas discusiones, como antes, no se asocia con el tema de calidad y evaluación escolar, por ejemplo la deserción departamental en básica y media (7%); la falta de pertinencia de los contenidos curriculares (estrategias pedagógicas, instrumentos y técnicas de valuación, metodologías generales, diseños instruccionales, unidades temáticas…); la indisciplina y violencia que se genera en las aulas cuando el educador no sabe que hacer en dos horas de clase; el hecho de los padres que no colaboran frente a los actos de desobediencia, desatención y bajo rendimiento de los escolares; la situación de los directivos y docentes que atribulados por la crisis de pertenencia y relación generalizada, poco o nada asumen frente a los procesos de gestión académica y los ambientes escolares poco favorables; la siempre insuficiente asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento del ente territorial, encargado de la educación.

Toda esta problemática, es esencialmente de carácter pedagógico y como tal debe involucrarse en el análisis de cualquier sistema de evaluación, para no caer en la inmediatez de adoptar una escala de valoración, sea numérica o alfabética, como lo esencial del Sistema evaluativo institucional y la solución a los problemas de calidad de la educación, los comportamiento de los escolares y la ética de los educadores. Se trata, entonces, de asumir que la práctica evaluativa ha sido y es cuantitativa, usada para medir niveles de respuesta heterónoma, memorística, informativa; de reconocer que es y ha sido una evaluación incoherente con el sujeto educable y, en consecuencia, con la finalidad educativa relativa a formar, a generar oportunidades y capacidades para el desarrollo del escolar como persona.

La medición o la cuantificación no es el origen de la evaluación ni puede seguir siendo el fundamento del acto de educar. Si educar está relacionado con formar integralmente seres que piensen, sientan, perciban, obren y actúen como humanos, entonces la evaluación no debería medir información ni conocimientos, sino valorar e incidir en las actuaciones del sujeto educable, desde la perspectiva del ser humano. Y para ello es importante e impostergable analizar la realidad actual, caracterizada por un nuevo modelo de sociedad (con más conocimientos e información, renuente a las normas, con desarrollo tecnológicos al alcance de los niños, rodeada nuevos paradigmas, transculturizada y con diversas posibilidades de relaciones de tiempo y espacio) y un nuevo tipo de hombre (trashumante, con más derechos y menos deberes, con educación dispareja y chips incorporados).

Con la expedición de la Ley General de Educación y su primer decreto reglamentario 1860 de 1994, se esperaba poder trascender, entre otras cosas, la concepción de la evaluación tradicionalista y conductista, orientada a los contenidos y resultados finales, para ubicarla en un enfoque procesual, sistemático y permanente, cimentado en la valoración integral del estudiante, a partir de unos indicadores de procesos y metodologías, instrumentos, recursos y técnicas didácticas pertinentes e interactivas. Sin duda alguna, a esto apuntaba el Decreto 230 de 2002 y hoy, el Decreto 1290 de 2009.

Por eso, creer que el solo cambio de la escala de evaluación contribuirá a la solución de la crisis afectiva, ética, espiritual, de autoestima, pertinencia y relación que viven nuestras comunidades educativas y mejorará el rendimiento de nuestros escolares, es acrecentar el poco liderazgo de quienes tenemos la responsabilidad directa de incidir en la instrucción y formación de los niños, jóvenes y adultos y la desesperanza que nos agobia por una mejor educación en el departamento del Huila.

No podemos seguir evaluando con los mismos estilos, metodologías, técnicas e instrumentos de ayer cuando el sentido de la educación básica y media en Colombia cambia por efectos de la nueva Constitución y la Ley General de Educación. Es difícil aplicar las previas y exámenes tradicionales para establecer si la educación que impartimos les está permitiendo a los huilenses vivir y trabajar con dignidad, participar activamente en los procesos económicos, sociales, políticos y ambientales de sus municipios y Departamento y seguir aprendiendo.

Al parecer, la principal dificultad de la evaluación está en las prácticas de aula y no en las normas por lo que, definitivamente, este nuevo reto de la evaluación exige de los educadores, los padres de familia y los estudiantes un cambio de actitud que nos permita solucionar el desencuentro cultural en que nos encontramos e invita a los directivos y docentes a acrecentar su saber pedagógico, su capacidad investigativa y su dominio temático. En consenso de muchos, este nuevo decreto acaba con la mediocridad, presenta un mejor concepto de evaluación, fortalece autonomía institucional y la evaluación como proceso, define roles de todos los actores y presenta una mejor escala de valoración. Así que la invitación es a exigirnos pedagógicamente en su interpretación y a presentar propuestas institucionales de evaluación, consecuentes con la educación que queremos para las generaciones presentes y futuras del Departamento.